Alberto Fernández anunció este viernes en su paso por Catamarca una reducción de los aportes patronales para las seis provincias del Noroeste argentino (NOA) y las cuatro provincias del Noreste (NEA), en respuesta a un reclamo de larga data de las pymes de las economías regionales.

Se trata de un plan de estímulo que no afecta los importes que se pagan sobre los salarios de los trabajadores ya registrados, sino que rige para los nuevos puestos de trabajo y que va a tener una escala progresiva por los próximos 3 años.

"Vamos a poner en vigencia un sistema de reducción de aportes patronales solo para el norte grande argentino. Había planteado que empecemos a resolver los problemas y sabía que este era un tema central para que el norte argentino empezara a producir de otro modo y con más equilibrio con el resto del país", explicó el presidente.

Alberto afianza su alianza con los gobernadores del Norte y anuncia una reducción de aportes

Sin embargo, la normativa podría generar graves asimetrías en aquellas producciones regionales, cuyas realidades exceden los límites geopolíticos. Tal es el caso de la producción de cítricos de Corrientes y Entre Ríos, de donde provienen las naranjas de buena parte de los jugos industrializados. O también la de los olivares que se extiende a ambos lados de la frontera entre La Rioja -que sería alcanzada por el incentivo tributario- y San Juan -que quedaría excluida. Para las empresas que operan en más de una provincia, les genera incentivos a rever inversiones y concentrar recursos donde el costo salarial sea menor.

"Así como está presentada la normativa no sería correcta. Imaginemos el efecto que puede tener sobre una empresa como Citrus que produce en Mocoretá, Corrientes, y en Chajarí, Entre Ríos, que están a solo 7 kilómetros de distancia. Una tiene el beneficio tributario y la otra no, no es razonable. Por eso, antes de opinar queremos ver la letra chica de este anuncio", advirtió una fuente cercana a los legisladores entrerrianos.

Dentro de las potestades constitucionales del presidente figura la discriminación tributaria entre regiones para contemplar las distintas realidades productivas. "La Constitución Nacional habla de diferencias regionales, no provinciales", aclararon a este medio con la expectativa de que en la letra chica de la norma se haga una delimitación basada en producciones y no en límites políticos.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, con su gabinete y su antecesor Jose Luis Gioja.

"Nos afecta la reducción de la carga tributaria porque produce una situación de desigualdad y asimetría entre provincias que tienen prácticamente los mismos problemas de logística que es llegar a los principales centros urbanos y los principales puertos para la exportación", confirmaron desde San Juan a LPO.

Desde las asociaciones de productores regionales hasta la UIA, el reclamo por la reimplementación de un sistema como el del decreto 814 de 2001 que graduaba la presión tributaria sobre el empleo en blanco siempre estuvo presente en cada encuentro con autoridades nacionales en los últimos años. El macrismo no hizo caso a este pedido, y en cambio, estableció una suba del mínimo no imponible para las cargas patronales, que sigue vigente, y las llevó a cero durante un año para las nuevas contrataciones de las pymes de 47 actividades productivas independientemente de su locación geográfica.

Esta vez para las nuevas contrataciones en el norte grande, el Gobierno postula una reducción de las contribuciones patronales del 70% en el primer año en caso de que el empleado sea varón y del 80% en caso de que sea mujer, trans o travesti; del 45% y 55% en el segunda año respectivamente y del 20% y 30% en el último año.

Estrictamente este esquema no representa un costo fiscal para la Nación porque se trata de empleos nuevos que, de no crearse, no generarían ningún aporte. El esquema incremental también puede servir de mecanismo para el blanqueo de empleo en negro, aunque si esto no se conocerá hasta ver la letra chica, aclaró a LPO un tributarista consultado.